Jaldo anuncia reducción del 14% del plantel político en Tucumán

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, ha anunciado recientemente la eliminación de 50 áreas del Gobierno provincial, lo que representa un ajuste en comparación con la estructura de gestión de su antecesor, Juan Manzur.

Según el balance oficial, este ajuste implica una reducción del 14% del plantel político del Poder Ejecutivo. El equipo de Jaldo ha realizado un análisis y ha determinado que la gestión de Manzur contaba con 248 autoridades de diferentes niveles jerárquicos, incluyendo ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones. En cambio, el nuevo modelo de gestión contempla solo 198 despachos, con reducciones en todas las categorías.

Jaldo ha expresado que esta medida va en línea con la política de gobierno de tener un Estado más pequeño pero más eficiente. Además, ha señalado que estos recortes forman parte de una primera etapa y que cada ministerio seguirá evaluando otras posibles reducciones.

El nuevo gobernador también está trabajando en la cuantificación del ahorro en términos presupuestarios, ya que sus equipos están elaborando la pauta de gastos para el año 2024. La idea es controlar el gasto público y maximizar los recursos disponibles.

En relación con esta reestructuración, Jaldo ha firmado un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece el rediseño del gabinete de ministros, fusionando las carteras de Economía y Desarrollo Productivo y reasignando competencias. Según el gobernador, estas acciones son necesarias para restablecer el equilibrio financiero y optimizar la estructura organizacional del Poder Ejecutivo.

Es importante destacar que esta medida se realiza en el contexto de una situación económica apremiante a nivel nacional, por lo que Jaldo considera fundamental adoptar acciones y medidas para controlar el gasto público y maximizar los recursos disponibles.

Esta reducción en la estructura del Gobierno provincial busca eliminar cargos políticos e institucionales que se consideran innecesarios o superfluos. Con ello, se pretende lograr una administración más eficiente y racionalizar el uso de los recursos públicos.

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